“Hace ocho meses que
no veo a mis hijos por culpa de los recortes”
Los mismos recortes que excluyen de la sanidad
pública a los inmigrantes sin papeles o reducen el número de profesores
mermando la calidad de la enseñanza, afectan ya a derechos aún más básicos.
Como el de ver a los propios hijos. Decenas de padres y madres separados o
divorciados de la Comunidad de Madrid que, para hacerlo, tienen que acudir por
orden judicial a un Punto de Encuentro Familiar (PEF) pasan meses sin poder
hacerlo. El Gobierno madrileño cerró el año pasado seis de los ocho centros de
este tipo que tenía, lo que ha generado un enorme atasco en los dos que
permanecen abiertos en los municipios de Las Rozas y Móstoles. La lista de
espera puede llegar al año.
Es el caso de María (nombre figurado). “Hace ocho
meses que no veo a mis hijos por culpa de los recortes”, dice. Tras separarse
de su excompañero y denunciarlo por maltrato, la juez de violencia que estudió
su caso lo archivó —la Audiencia de Madrid acaba de ordenar reabrirlo— y otorgó
la guardia y custodia al padre. ¿La razón? Según la sentencia, María habría
puesto a los niños en contra de su progenitor y presunto maltratador (ella lo
niega) por lo que, además, debería pasar tres meses sin poder visitar a los
menores. Transcurrido ese plazo podría volver a verlos en fines de semana
alternos, pero siempre en el punto de encuentro de Las Rozas. Y bajo la
supervisión de un profesional. Ese plazo se cumplió el 3 de octubre, pero hoy,
casi cinco meses después, María todavía no ha podido ver a sus hijos. Y solo
puede hacerlo en el PEF porque así lo manda el juez.
Marta Sauqué
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